Discriminación y justicia constitucional peruana

Desde su independencia, el Estado peruano se ha sostenido en la ideología liberal y excepcionalmente – por la legítima presión social- ha intentado tímidamente tomar el camino hacia las ideas sociales. Estos meros intentos han sido siempre reprimidos por la injerencia internacional (por la fuerza material e ideológica que ejercen quienes tienen el poder económico en la región americana y en Europa, es decir, los acreedores de la deuda externa nacida desde las guerras independentistas). Así, el Estado peruano subsiste con su sociedad caracterizada por la desigualdad y la discriminación. 
Esta desigualdad se pone de manifiesto en la infravaloración de las ideas sociales, en la represión de ideologías que reivindican una sociedad más igualitaria. Por ejemplo, la ciencia –y las ciencias sociales y jurídicas- dominante trata despectivamente a los principios igualitarias del constitucionalismo social y del feminismo. Lo preocupante es que este desprecio se ha apoderado del organismo que ha sido creado para interpretar la Constitución y, obviamente, para defender los derechos fundamentales.
 
La defensa de los derechos fundamentales tiene que pasar por un filtro que es la igualdad real y, la jurisprudencia del máximo intérprete de la Constitución, está justificando peligrosamente la desigualdad. Lo afirmado se puede verificar en tres sentencias recientes.
 
La primera, sobre la defensa del derecho a la "identidad cultural" y a la denominada “Constitución multicultural”. La segunda, referida a la defensa a ultranza de la “vida del concebido” y, que prima frente a la vida de las mujeres embarazadas. Y la tercera, de la defensa de la propiedad en su concepto más clásico, que mantiene el concepto retrógrado del Estado liberal puro y duro donde la propiedad es un derecho absoluto.
 
La primera sentencia es el reflejo del discurso multiculturalista que pretende esconder la discriminación racial histórica que pervive en el Perú. Desde el multiculturalismo se justifica la marginación de grupos de personas, ya que, so pretexto de una “identidad cultural” se pretende excluirlos del ámbito del Estado. Se propugna su autorregulación para que permanezcan al margen del Estado. Pero, hay que recordarle al multiculturalismo que el Estado somos todos y todas. Excluyendo a los grupos diferentes por su etnia o raza (antes se les consideraba diferentes por ser de raza “india”, luego se les llamó “campesinado”) no se hace más que ocultar la desigualdad y la discriminación racial que está latente en la sociedad peruana. De esta manera, los poderes públicos se eximen de cumplir con sus obligaciones, en especial, a erradicar la desigualdad. El discurso multiculturalista le sirve a estos poderes para deshacerse de sus responsabilidades, en este caso, con la idea de “cultura” se afianza el neoliberalismo y se expulsa a grupos asignados como “culturalmente diferentes” de la ciudadanía. Así se burla la prohibición de discriminación y considera que la igualdad real es imposible alcanzar. (Ver la STC 04611-2007-PA/TC. Publicada: 15/04/2010). Antes de haber intentado eliminar la desigualdad y discriminación la “academia” peruana actual se apoya cómodamente en el discurso del multiculturalismo.
 
La segunda, es el resultado de la cruda realidad que conocemos: que nunca, desde su formación, el Estado se separó del poder religioso, y que, en la actualidad, la Iglesia es un poder patriarcal que influye fuertemente en la interpretación de los derechos fundamentales. Esta sentencia tiene dos ejes totalmente discriminadores. Aquí está presente la doble discriminación que suele ocurrir cuando las personas son mujeres. El primer eje tiene que ver con la doctrina religiosa que niega la condición de persona a las mujeres y, por ende, vale más la vida del nasciturus que la vida de las embarazadas. El control de la libertad de las mujeres siempre ha tenido como punto de partida a las religiones monoteístas. El segundo eje tiene que ver con el sistema neoliberal que excluye a las personas pobres de cualquier posibilidad de disfrutar algún derecho. La citada sentencia prohíbe la distribución gratuita de la píldora del día siguiente, con lo cual, afecta directamente a la libertad de las mujeres pobres. No hay que olvidar que las mujeres más pobres son consideradas en el Perú con el calificativo de “indígenas”. Aquí, la justicia constitucional ha resuelto que sea la religión y el mercado los que  determinen cómo y quién utilizará esta píldora. (STC 02005-2009-AA/TC. Caso "Píldora del día siguiente". Publicada: 22/10/2009) Y, ¿para qué existe el Estado? ¿Acaso no pagamos nuestros impuestos para que el Estado exista? Conviene que quienes ahora tienen el poder, recuerden lo que es el Estado.
 
La tercera Sentencia tiene que ver con la Pontificia Universidad Católica del Perú, el concepto de derecho de propiedad y, una vez más, con el poder religioso. En este caso hay una pugna por el patrimonio entre la comunidad universitaria y la Iglesia peruana. El Tribunal ha decidido ir al fondo del asunto más allá de lo que la parte solicitante de amparo demandaba y ha considerado que la Iglesia tiene derechos de propiedad de forma absoluta. Un fallo aberrante. (STC 03347-2009-AA/TC. Derecho a la propiedad. Publicada: 19/04/2010).

Todo ello es el reflejo de cómo el club de los que controlan el poder a través del derecho pugnan por sus intereses desconociendo al Perú pobre y, claro, a la mitad del pueblo: las mujeres. Hay que reiterar que esa enorme población pobre es discriminada dentro de un sistema patriarcal y racista. No se puede negar que buena parte de la doctrina constitucional peruana se “cultiva” en los claustros universitarios peruanos. En estos claustros el liberalismo sigue intacto y cada vez más vigoroso a pesar de las grandes desigualdades que existe en el Perú. A ver si de una vez se nos damos cuenta que la justicia social y la igualdad real tiene que confluir por el bien de todos y todas. No hay que tener miedo reivindicar una justa repartición del poder y de la riqueza. La Constitución es también un instrumento para reivindicar la justicia social y la igualdad real, depende cómo se interprete. El reto es exigir una interpretación justa. Es legítimo y legal si lo hace el pueblo sobre la base del concepto de soberanía.