Alcances sobre la erradicación de la discriminación racial en América Latina y el Caribe

De frente a la impunidad: la erradicación de la discriminación racial en el camino hacia las democracias pluriculturales y multiétnicas es un artículo de Celina Romany que ponemos a disposición de quienes leen a Nildagaray.org. Aquí se plantean aspectos ineludibles en la erradicación de la discriminación racial en América Latina y el Caribe. Romany centra su estudio en la discriminación y marginación en que se encuentran las poblaciones afrodescendientes precisamente por el racismo. Describe la imposibilidad que estos grupos tienen para ejercer sus derechos fundamentales por lo que considera la necesidad de reformas constitucionales en la cual, estas poblaciones, se integren como ciudadanos reales. Así, señala que: A pesar de que los gobiernos se escudan en sus pronunciamientos oficiales y en disposiciones constitucionales para declarar la inexistencia del racismo, la realidad extraoficial evidencia la racialización de la marginación y la pobreza. Y añade que en América Latina y el Caribe, la historia del mestizaje ha ocultado los contornos del racismo.

Derecho de asociación e igualdad real en el Perú

Nildagaray.org publica aquí el artículo Igualdad, no discriminación por sexo y derecho de asociación en el Perú de Nilda Garay con el fin de explicar desde el derecho constitucional los alcances de la igualdad real o material. El principio-derecho de igualdad es la puerta de entrada para la interpretación, ejercicio, protección y garantía de todos los derechos fundamentales por lo tanto, el derecho de asociación (que no tiene nada que ver con la libertad de empresa) debe adecuarse a la igualdad y no discriminación por razón de sexo. La Constitución peruana contiene un mandato a los poderes públicos para que actúen garantizando la plena vigencia de los derechos humanos. En la medida que estos “derechos humanos” están plasmados en el texto constitucional, deben ser entendidos como derechos fundamentales. Así, los derechos fundamentales deben interpretarse en clave social. Esto significa que el Estado debe intervenir para erradicar discriminaciones como las que se manifiestan, en el caso del artículo en mención, en determinadas asociaciones donde las mujeres no pueden ejercer directamente su derecho a asociarse.

Violencia de género y el "chiste machista didáctico" del juez

Autoría : LaGuachimana.org

Ayer, 16 de mayo, el Presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona José Luis Barrera durante la presentación de la memoria anual contó un chiste cuyo contenido tiene mucho que ver con una de las más odiosas discriminaciones que la sociedad española junto con sus poderes públicos está intentando erradicar: la discriminación de las mujeres. Esta discriminación se manifiesta de muchas maneras, entre ellas está el lenguaje sexista que no es más que el resultado de un prejuicio que se sustenta en las relaciones de dominación sobre las mujeres. Respecto de ellas caben chistes incluso donde se desconoce su derecho a la vida como un derecho fundamental. El chiste en cuestión es: Es como aquel que le dijo: Y, ¿usted por qué mató a su mujer? ¿Usted no ha tenido ganas nunca? Es un chiste y habrá gente que lo pueda entender y gente que no, pero no puede ser.

Las víctimas en el derecho del siglo XXI: La constitucionalidad de la Ley Integral contra la violencia de género (I)

Autoría: LaGuachimana.org

La noticia apareció empañada por la violencia terrorista en España: El TC avala la constitucionalidad de la Ley de Violencia de Género. Da luz verde por siete votos a cinco al artículo 153.1 del Código Penal modificado por la ley. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género fue objeto de alrededor de 180 cuestiones de incostitucionalidad porque algunos jueces consideraron que el artículo que establece una pena más alta cuando el agresor es un hombre, el 153.1 del Código Penal (cuya redacción se reformó tras la entrada en vigor de la Ley Integral) podía vulnerar el principio de igualdad que consagra el artículo 14 de la Constitución española. Mientras el citado Tribunal se pronunciaba al respecto (y en tanto no se acabe de implementar esta Ley Orgánica para su aplicación), miles de mujeres seguían muriendo a causa de violencia de parte de sus parejas y el debate en el derecho se centraba en la inconstitucionalidad de esta Ley (y obviamente: se ponía en cuestión el derecho a la vida e integridad física y moral de las mujeres).

La fórmula de la patada en el Perú: Elogio a la violencia en democracia

El Presidente de Perú, Alan García, pidió a los altos funcionarios que echen "a patadas" a los miembros de la administración pública implicados en actos de corrupción o que aprovechen sus cargos para obtener beneficios personales. Así señala la noticia aparecida en la República. Añadió que, si estos fueran militantes apristas, que sea con doble patada (Perú21).

Al respecto, Alberto Adrianzén en su artículo “Disidencias. Dile no a la libreta militar” termina con una nota de denuncia sobre las expresiones de García que justifican la violencia y el autoritarismo en su Gobierno y dentro de la sociedad peruana. La citada nota dice:

Como ciudadano y demócrata de izquierda, rechazo las declaraciones del presidente García que señalan que hay que botar a patadas del Estado a los corruptos. Si bien soy enemigo de la corrupción y de la impunidad, considero que esas declaraciones conducen a reforzar una cultura autoritaria y violenta, por no decir fascista. Solo una persona que trata a patadas a otros, como lo demostró el presidente García hace unos años durante un paro nacional cuando pateó a un ciudadano, puede decir tamaña insensatez. No me extrañaría que la próxima vez diga que hay que tratar a patadas a la oposición y darle aceite de ricino como hacían los fascistas italianos

Antisistema o macarthismo: Violación de derechos constitucionales

Rocío Silva Santisteban, describe muy bien cómo a quien es de izquierdas, en la sociedad peruana, se le señala con el dedo acusador antidemocrático como una persona anti-sistema. Considera acertadamente a esta violencia contra la libertad de pensamiento como una actitud maniquea que opera bajo la lógica del autoritarismo, del patronazgo, de una democracia débil y lábil. Por su parte, Alberto Adrianzén denomina macarthismo a esta grave situación que se vive en el Perú. Considera que cualquier persona peruana tiene todo el derecho a preguntarse hasta dónde se piensa llevar esta campaña, por ejemplo la absurdamente antichavista, “que solo busca la descalificación del adversario político. Es decir, cuál es el límite que debe existir en todo juego democrático. ¿O creen la derecha, el fujimorismo y el gobierno que para ellos no hay límites?” Adrianzén continúa con ejemplos de evidentes acciones y actitudes antidemocráticas y hay en su artículo una frase que pone sobre el tapete la cuestión terrible a la que nos referimos: “Ya no solo se trata de investigar, de levantar malsanas sospechas o perseguir sino ahora de excluir; es decir, de negarle al opositor –que es distinto– la posibilidad de existir políticamente.”

Prometer o jurar y uno de los grandes dilemas de las democracias

Hoy han prometido su cargo el Gabinete de Gobierno español. Han prometido su cargo ante la Constitución y se han obligado ante el pueblo soberano. Cuando se promete ya no se jura ante la biblia. Dios nada tiene que ver con el poder soberano ni con el contrato social. Junto a la carta magna estaba también la biblia. Pero, por añadidura y por la imposición de la Iglesia católica en el centro estaba el crucifijo. Esta ceremonia es civil y laica. Nada tiene que ver con la religión. Puede que alguna persona del Gabinete, por su libertad de creencia, quiera jurar ante la biblia, entonces sobra el crucifijo. La teoría constitucional con su retórica nos hace creer que los estados modernos y democráticos (los más desarrollados) son laicos y que a día de hoy el poder político se ha separado de la religión. Mentira cochina: es el doble discurso político-jurídico. Aunque Occidente no se lo quiera creer las religiones siguen influyendo y creando tensiones en las decisiones públicas. Los valores religiosos, especialmente de las religiones monoteístas, están en el discurso político y se plasman en los instrumentos jurídicos de las actuales democracias. Todas las religiones monoteístas son patriarcales y totalmente desigualitarias y el mayor peso de esta injusticia organizada recae en las mujeres: el debate político jurídico del aborto es un buen ejemplo de lo que afirmamos. Los criterios de estas religiones tienen su base en una desigualdad profunda: sólo el hombre es producto de la creación divina. Las mujeres no figuran como hijas en igualdad a imagen de Dios. Ministras y ministros, sin excepción, han prometido poniendo su mano en la Constitución. Algo quiere decirnos este gesto colectivo.

Ser de izquierdas en el Perú

El ser de izquierdas en el Perú desvela una realidad terrible. Existe a día de hoy una intolerancia ante el pluralismo político donde el fundamentalismo neoliberal justificador del capitalismo exacerbado intenta linchar a la libertad de expresión, la manifestación del pensamiento crítico y de la defensa de las ideas sociales. El pluralismo ideológico, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y los principios democráticos se derrumban en la sociedad peruana cuando un grupo acrítico acusa a las personas por el sólo hecho de ejercer sus derechos fundamentales más esenciales. La ironía de imponer la idea que es malo ser de izquierdas llega a su máxima expresión cuando personas y colectivos que sufren la pobreza justifican la ideología que les oprime y les mantiene indigentes. El pueblo muchas veces, sin darse cuenta, se vuelve verdugo de sí mismo. La falta de crítica le conviene a quienes consideran erróneamente que el poder público es suyo. Ojo, este poder es del pueblo así lo prevé la Constitución y en su texto dice además que no hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. Por tanto, es deber primordial del estado peruano -de quienes ejercen el poder- promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. Esto significa que las ideas sociales y de izquierdas deben ser acogidas con miras a la promoción de la justicia social.

Crónicas desde el otro lado del charco y visiones sobre el “estado constitucional peruano”


Recogemos el artículo Crónicas del otro lado de José Asensi. Son reflexiones desde el ámbito jurídico-político sobre la necesidad urgente de reforma de la Constitución peruana, sobre la invasión de la interpretación neoliberal de la misma lo cual atenta contra los derechos fundamentales y acerca de los planteamientos de la construcción de un verdadero estado democrático peruano.

Asensi resalta de las disertaciones, durante su estancia en Lima, con el Presidente del Tribunal Constitucional peruano César Landa sobre la ausencia de un verdadero estado peruano “o sea, justamente lo que las elites peruanas, tan proclives a que sus problemas se los solucionasen las sucesivas dictaduras militares, nunca quisieron construir”. Es interesante la crítica que hace al texto constitucional peruano la “que es tal vez el texto que mejor encarna el modelo neoliberal, hoy tan justamente denostado. Y esto es cierto hasta el punto de que la Constitución del Perú contiene un precepto que garantiza que los contratos firmados por los inversionistas extranjeros y las empresas multinacionales están por encima de la ley.”

Sobre nildagaray.org

Espacio sobre constitucionalismo crítico. Los temas centrales están relacionados con género y raza.
 
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